EL ADN canta: “Esta caca es de tu perro”

He visto a un crío jugar en la arena de un parque con unos “daditos” que no eran lo que parecían. “¡Tira eso ahora mismo, qué asco!”. En todas las ciudades hay multas por dejar la caca del perro en la vía pública: desde los 300 euros en Móstoles hasta los 3.000 en Leganés. Lo próximo es el ADN para identificar. Xátiva, en Valencia, ha sido la pionera en implantar un censo de ADN canino para saber de qué perro es cada caca y sancionar al dueño. La huella genética es única: se puede saber de qué perro es el regalito que tú te llevaste a casa, de paseo o al coche amarrado a la suela de tu zapatilla.

Sé que hay adultos concienciados, que usan la linterna del móvil para recoger la caca del perro en las zonas en penumbra: si quieres, puedes. Y sé que hay quienes vacían el dispensador de bolsas y no son para el perro, que hasta el Ayuntamiento de Madrid tuvo que ponerles una leyenda a las bolsas gratuitas: “Artículo no apto para el uso alimentario”. Entre medias, abundan quienes unos días recogen y otros no, depende de la hora, del cansancio, de la zona de garbeo, de si te ven, de si se te ha olvidado la bolsa…

¿Consecuencias? Móstoles, que acaba de empezar otra campaña de concienciación, gasta 390.000 euros anuales en limpiar cacas, porque tienen que utilizar barrido manual y otros sistemas distintos a la limpieza común de las calles. Más los 13.000 euros al año en bolsas gratis para que los dueños recojan, 25.000 bolsas por semana.

En algunas ciudades usan el ADN. Hay un censo obligatorio para los perros. Los dueños llevan al animal al veterinario y allí por la saliva o la sangre le recogen una muestra genética y la registran. Desde ese momento, el perro lleva en el collar una chapa con un código donde se ve que ha cumplido la ordenanza. Y desde entonces la caca del animal puede ser detectada.

Xátiva fue la primera ciudad en incorporar este sistema. En la Comunidad de Madrid, Meco fue el primer pueblo en sumarse. Y Son Servera, en Baleares, ha sido el penúltimo. Este municipio ha designado dos policías locales, del área de Medio Ambiente, para que levanten acta de cada excremento canino que los servicios de limpieza encuentren en la calle.

Las muestras tienen que ir al laboratorio (es la pequeña pega del método ADN) y allí se identifica al perro y, por tanto, al dueño. Multa: 150 euros, más los 30 del coste del laboratorio. El coste de la inscripción en el censo por perro es de unos 30 euros y el Ayuntamiento ha subvencionado a los 300 primeros. Algunos ayuntamientos también obligan por ordenanza a llevar líquido para diluir la orina de los perros, y esa es otra cuestión peliaguda.

Desde la empresa ADN perros, que ha sido de la primeras utilizadas por los ayuntamientos, dicen que el microchip no sirve para identificar los excrementos y que el ADN sí, y que el microchip se puede extraer (algunos desalmados lo hacen cuando abandonan al animal) y el ADN es una huella única e “inviolable”.

La implantación parece sencilla: se actualiza la ordenanza vigente, se crea un censo, se inscribe a cada perro con una muestra de sangre y se sabrá el dueño de cada excremento abandonado. Disuasorio, como mínimo. En Madrid, la anterior alcaldesa encargó un mapa de excrementos de la capital de España y ofrecía sustituir el pago de la multa por trabajos para la comunidad, a 25 euros la hora.

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