La Justicia anula la orden del Ministerio de Sanidad que confinó Madrid

La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado la orden del Ministerio de Sanidad para confinar Madrid. La Justicia alega para tumbar el confinamiento que se ven “afectados los derechos y las libertades fundamentales”.

El TSJM, que sí ratificó el confinamiento por zonas de salud, rechaza las restricciones en Madrid y otros 9 municipios –en el sur Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles y Parla-. En el auto hace una diferencia entre la orden regional del 21 de septiembre y la central del 2 de octubre.

De esta manera, la Justicia rechaza la orden del Ministerio de Sanidad, mediante las cuales se establecían a partir del pasado 2 de octubre medidas preventivas en un total de nueve municipios de la región, además de la capital.

“Nos encontramos ante un marco legal que difiere sustancialmente del que fue objeto de análisis, coincidiendo con la ratificación de las medidas sobre áreas sanitarias, de 24 de septiembre y 1 de octubre, ya que, como reconoce el propio letrado de la Comunidad de Madrid, lo que se solicita en esta ocasión es la ratificación del mandato obligado del ministro de Sanidad por el que se aprueba la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública para responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas por el SARS-COV-2”.

Continúa el auto judicial: “Esta Orden del ministro de Sanidad se dicta al amparo del artículo 65 de la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Conforme a ello, el ministro de Sanidad aprueba la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública aprobadas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, obligando con ello a las Comunidades autónomas destinatarias”.

Al basarse la resolución judicial solo en el artículo 65 de la ley, el TSJM considera que no sirven para “autorizar la restricción de derechos fundamentales y libertades públicas” que supone el confinamiento total de Madrid y el resto de municipio.

Para restringir derechos y libertades, hoy por hoy el Gobierno central necesita recurrir a “la excepcionalidad constitucional que implica la declaración de un estado de alarma“. Y pone condiciones incluso en esa hipótesis: “Siempre que esta limitación se encuentre suficientemente acotada en la correspondiente disposición legal de habilitación en cuanto a los supuestos y fines que persigue, de manera que resulte cierta y previsible, y este justificada en la protección de otros bienes o derechos constitucionales”.

La Justicia recuerda que ha admitido la “posibilidad” de restricciones solo con una ley orgánica “para medidas concretas”. Pero, cuando se trata de aplicarlo a todas las comunidades autónomas, requiere el estado de alarma.

La Justicia anula la orden que confinó Madrid

El auto da un toque, incluso, a las autoridades centrales: “Resulta llamativo que ante el escenario sanitario descrito no se abordara una reforma de nuestro marco normativo más acorde con las confesadas necesidades de combatir eficazmente la pandemia del Covid-19 y afrontar la grave crisis sanitaria que padece el país, pese al consenso doctrinal existente acerca de que la regulación actual de los instrumentos normativos que permiten la limitación de derechos fundamentales, con el objeto de proteger la integridad física (artículo 15 CE) y la salud (artículo 43 CE), íntimamente conectados entre sí, resulta ciertamente deficiente y necesitada de clarificación”.

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